MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) EN EL AYUNTAMIENTO DE PREMIÀ DE MAR PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL CONTRA DE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS Premià de Mar, 2 de septiembre de 2020 El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional de los Estados de Derecho. Su protección resulta esencial. Así lo expresa el artículo 33 de la Constitución española, al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. En los últimos tiempos, la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, han cargado a menudo contra las familias vulnerables: la ocupación ilegal de viviendas. A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordar tres precisiones. La primera es jurídica: las garantías que han de proteger al derecho de propiedad. Dentro de este ámbito, se encuentran las reacciones jurídicas contra los actos de ocupación ilegal de viviendas, a menudo bien calificadas como delitos de «usurpación» y tipificadas en el Código Penal como la utilización de inmuebles ajenos sin autorización (artículo 245.2). La segunda distinción, esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado, a aquellos supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados por ejecuciones hipotecarias; y, por otro, aquellos en los que se incluyen las ocupaciones ilegales. Ambos suponen, en efecto, una privación del derecho de la propiedad, pero, mientras que las víctimas de los desahucios merecen toda nuestra protección en la medida de lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de viviendas, al contrario, merecen todo nuestro reproche. Por tanto, la problemática social que impulsa la aprobación de esta moción no es el de un límite a la propiedad legalmente establecido ni tampoco el de los desahucios, sino el de las ocupaciones ilegales de viviendas. Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. Por un lado, las llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada (a veces incluso por grupos terroristas), que perpetran estas ocupaciones de forma premeditada y con una finalidad lucrativa, aprovechándose de esas mismas personas en situación de vulnerabilidad a las que tenemos a bien proteger, a veces incluso extorsionándolas para obtener una compensación económica como condición previa para recuperar su vivienda; y, por otro, las realizadas por grupos antisistema. Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La «okupación» es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a los dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados narcopisos el caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o de una corta ausencia. Así, a causa de la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave problema que, hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los números de la «okupación» nos ofrecen un retrato aún más preocupante: las ocupaciones ilegales han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años. Nuestro Ayuntamiento como administración más cercana al ciudadano es quien se encarga, conjuntamente con el resto de cuerpos de seguridad, de velar por la seguridad y la buena convivencia vecinal por eso debe, por un lado, utilizar todas las herramientas y competencias a su alcance para acabar con este tipo de ocupaciones y por el otro exigir al resto de administraciones que mejoren la normativa y los recursos para hacer frente a esta problemática. En nuestra ciudad ya hemos vivido varios episodios relacionados con la ocupación ilegal de viviendas que han alterado y alteran la seguridad y la convivencia de nuestros vecinos por lo que es imprescindible abordar la situación con urgencia. Siendo por otra parte una demanda vecinal, prácticamente unánime y razonada, a la que tenemos que dar respuesta. Ante esta situación y con la finalidad abrir ese debate de manera rigurosa y efectiva en Premià de Mar el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) propone adoptar los siguientes ACUERDOS: Primero. - Elaborar un Plan Municipal contra la ocupación ilegal de viviendas, con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, que incluya la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica. Segundo. - Poner en marcha y/o reforzar las medidas que sean necesarias para velar por la seguridad y la convivencia vecinales afectadas por la ocupación ilegal, manteniendo una estrecha colaboración con las asociaciones de vecinos, que son quienes mejor conocen la realidad de sus barrios y han hecho propuestas al respecto. Tercero. - Elaborar un censo de viviendas ocupadas de forma ilegal en Premià de Mar, donde se indique el tipo de ocupación (para fines delictivos o por necesidad), y llevar a cabo el seguimiento de las mismas. La Policía Local instruirá los expedientes administrativos oportunos a fin de acreditar los hechos contrarios a las ordenanzas vigentes en materia de civismo, actuando de forma coordinada con los restantes Cuerpos de Seguridad. Cuarto. - Informar de manera regular a los distintos grupos políticos representados en el consistorio, en Comisión Informativa, de la evolución de los valores cuantitativos y cualitativos que formen parte del censo de viviendas ocupados. Quinto. - Reforzar de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en las zonas de nuestra ciudad ya afectadas por el problema de la ocupación e impulsar la creación de una unidad de Policía Local destinada a la prevención, control y seguimiento de los inmuebles ocupados o susceptibles de ocupación. Sexto. - Instar al Govern de la Generalitat a la retirada inmediata del Decreto Ley 1/2020 que modifica el Decreto Ley 17/2019 aprobado en relación a las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Séptimo. - Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas. Octavo. - Instar al Gobierno de España, a la Fiscal General del Estado y al Conseller de Interior de la Generalitat a promover la instrucción a través de la cual se habilita y se da la máxima seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo a las Policías Locales, habilitando la potestad de entrada, registro e identificación de los ocupantes de viviendas y otras edificaciones, siempre que haya indicios razonables de la comisión de delitos. Noveno. - Instar al Gobierno de España a contemplar que el Fondo Social de Viviendas constituidas con las viviendas de las entidades financiera pase a ser permanente, facilitando el acceso a la vivienda a los grupos de población más vulnerables. Décimo. - Trasladar estos acuerdos a la Presidencia de la Generalitat, a los Grupos parlamentarios representados en el Parlament, a la Presidencia del Gobierno de España y a todos los Grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados. Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) de Premià de Mar