El proceso avanza imparable hacia la ruptura con España sin reparar en las consecuencias de la confrontación entre el Estado y Cataluña.

La propuesta de resolución es taxativa y en su artículo segundo dice que “declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república”. La anomalía de la propuesta es que se pretende que se apruebe una resolución de esta envergadura sin que haya presidente investido ni gobierno constituido.

No existen una mayoría de votos que avalen esta llamada desconexión democrática, en el supuesto de una confrontación con el Estado, Cataluña saldrá perjudicada, entre otras cosas porque actúa sin aliados y como si nada ni nadie pudiera impedir una independencia unilateral.

La CUP es un grupo asambleario cuyo programa es la desobediencia a las leyes, que nos quiere sacar de Europa y sin modelo de referencia solvente en el mundo, no deben condicionar  un programa de gobierno en la que la inmensa mayoría de ciudadanos prefieren ser ciudadanos europeos antes que revolucionarios bolivarianos. 
Puedo comprender que tras las elecciones del 27 de septiembre los independentistas  tengan herido su orgullo. Pero como demócrata considero inaceptable su desprecio a la democracia, su desprecio a las instituciones, su desprecio a la política y su desprecio al valor de la palabra.

Los parlamentarios de los grupos proponentes fueron elegidos para representar a la ciudadanía y no para abrir un unilateral y secesionista proceso constituyente.
La otra mitad del Parlament también representa al pueblo catalán. Los autores de la iniciativa no son más catalanes que los otros diputados, ni su Cataluña es más Cataluña que la de los demás .

Si desconectar con España significa desconectar con parte de Cataluña, con el Estado de derecho y con la democracia, es evidente que quienes se equivocan no son los demás.